La UE cierra el pacto de las reglas fiscales que obligará a los países a bajar déficit y deuda desde 2025

El Consejo y el Parlamento europeos han cerrado este sábado un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales para que empiecen de nuevo a estar vigentes a partir de 2025, lo que obligará a los países que superen el 3% de déficit sobre PIB y el 60% de la deuda a presentar a Bruselas planes creíbles para su consolidación. Las reglas fiscales han estado cuatro años suspendidas por la pandemia, pero desde 2025 volverán a limitar la deuda y el déficit de cada país, aunque de forma más flexible y adaptada a la situación económica de cada Estado miembro.

El pacto alcanzado -después del acuerdo al que llegaron los ministros de Economía de los 27 en diciembre- aún está pendiente de la aprobación formal de ambas instituciones y, una vez adoptado, el texto se publicará en el Diario Oficial de la UE para entrar en vigor al día siguiente.

La economía española supera en estos momentos el 3% de déficit y el 60% del PIB. Las previsiones del Gobierno son que el déficit esté en el 3% a cierre de 2024 y que la deuda siga la senda a la baja y se sitúe en torno del 106% del PIB.

Si no se cumplen esas previsiones, a España se le aplicarían las cláusulas de salvaguardia, pactadas también este sábado. A estos países se les exigirá reducir su deuda en promedio un 1% anual si supera el 90% del PIB, y un 0,5% anual en promedio si su deuda está entre el 60% y el 90% del PIB. Se trata de unas disposiciones menos restrictivas que el requisito actual que exige que cada país debe reducir la deuda anualmente en 1/20 del exceso por encima del 60%.

Si el déficit de un país supera el 3% del PIB, el requisito será reducirlo durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles. También se aplicarán otros puntos de referencia numéricos sobre cuánto debería reducirse el déficit por año.

Un país con exceso de deuda no estará obligado a reducirla a menos del 60% al final del período de años que dura el plan, sino que debe tener una deuda que se considere «en una trayectoria descendente plausible».

Reglas fiscales

El Consejo y el Parlamento han acordado mantener el objetivo general de la reforma de reducir los ratios de deuda y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Al mismo tiempo, el nuevo marco brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo también mantiene la obligación de que las capitales presenten planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo. Cada Estado miembro deberá presentar los primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024. La Comisión, por su lado, presentará una trayectoria de referencia (anteriormente llamada trayectoria técnica) a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o donde el déficit público supere el 3% del PIB. El acuerdo provisional prevé un diálogo previo opcional y fáctico entre los Estados miembro y la Comisión.

La trayectoria de referencia indica cómo los Estados miembro pueden garantizar que al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo. El Gobierno español prevé que a cierre de este año el déficit esté en el 3% y la deuda continúe en la senda bajista aunque por encima del 100% del PIB.

Un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de gobierno. Con base en la trayectoria de referencia, los países de la UE incorporan la trayectoria de ajuste fiscal, expresada como trayectorias de gasto neto, en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo. El acuerdo establece que una cuenta de control registrará las desviaciones de las trayectorias de gasto neto específicas de cada país.

Las nuevas normas fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento y los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE. Estos incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.